El PP pide a la Junta que se posicione o con la Ley De la Ministra Narbona o con el Sector Cinegético extremeño

 
Una Ley “sin consenso”

El diputado popular Juan Parejo, defendió la postura de su partido en este debate, señaló que el potencial medioambiental de Extremadura “no conseguirá” ponerse en valor con la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad aprobada “sin suficiente consenso” y sin el apoyo del Partido Popular, CIU y PNV.

Según explicó, la nueva normativa se ha “metido con calzador” y más que solucionar “está creando problemas” tal cual queda evidenciado en la convocatoria de una manifestación de los colectivos afectados citada para el próximo 1 de marzo en Madrid.

Para el popular, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, “abanderado del talante”, ha querido “imponer” una ley poco consensuada que no contribuye a impulsar un sector, el cinegético, que sólo en Extremadura genera 220 millones de euros anuales y cientos de puestos de trabajo; así como importantes beneficios al sector turístico.

A juicio de Parejo, quien señaló que esta Ley “invade competencias autonómicas”, es necesario que la Junta de Extremadura “aclare” su posicionamiento, bien a favor de la normativa, bien en respaldo del sector cinegético.

Lejos de ser un “cambio suave”, subrayó, la nueva Ley es “ambigua por sus cuatro costados” y su aplicación podría agravar el crecimiento de la tasa del paro y perjudicar a sectores como el ganadero y el agrícola que “ya están en crisis” y que lo que “menos necesitan”, dijo, es de una norma “desproporcionada, inútil e intervencionista”, concluyó.

Respuesta de la Junta

El director general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, Guillermo Crespo, quien compareció hoy ante la Comisión del ramo, aseguró que la nueva Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad , que entró en vigor el pasado 15 de diciembre, solo cambia “suavemente” la normativa que ya se viene aplicando en la Comunidad Autónoma.
Según afirmó Crespo, muchos de los aspectos recogidos en la nueva Ley ya están contemplados en el conjunto normativo aplicable en Extremadura y, por tanto, esta región no será objeto de grandes cambios si se compara con otros ordenamientos jurídicos del Derecho Nacional.

Asimismo, añadió, la nueva norma nacional viene a cubrir “un hueco” y, entre otras cosas, a “atender una demanda explícitamente solicitada por Extremadura en su origen para poder culminar procesos de conservación transfronterizos”. En definitiva, servirá para desarrollar un proyecto “tan ambicioso y singular como el de la creación del Parque Natural Transfronterizo Tajo-Tejo Internacional y su gestión conjunta”; pues la ley extremeña no podía abarcar espacios normativos de índole internacional, haciéndose imprescindible, por tanto, la participación del Gobierno Nacional.

Por otro lado, Crespo señaló que la nueva Ley supone “por fin” la incorporación y reconocimiento de la Red Natura 2000. Esto es, comentó, la “consagración” de figuras básicas de conservación que “durante muchos años” han sido observadas por la Administración y los ciudadanos en el ejercicio cotidiano de la protección y ordenación natural.

PROHIBICIÓN DEL PLOMO COMO MUNICIÓN

El director general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, Guillermo Crespo, quien compareció hoy ante la comisión del ramo, señaló que la prohibición de uso de munición de plomo en los humedales reconocidos como tales en la Red Natura 2000 o en Espacios Naturales Protegidos “no tendrá repercusiones” para los cazadores de la región.
Según especificó, este aspecto puntual que está recogido en la nueva Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad sólo alteraría, en Extremadura, el régimen jurídico de una superficie inferior a las 5.400 hectáreas.

Tal y como detalló Crespo, los humedales inventariados por Extremadura que están recogidos por el convenio Ramsar, bien en Espacios Naturales Protegidos, bien en la Red Natura 2000, ocupan una extensión de 54.037 hectáreas. No obstante, dado que la caza en las láminas de agua ya estaba prohibida por la propia Ley de Caza de Extremadura, la única superficie que alterara su régimen jurídico con la entrada en vigor de la nueva normativa es exclusivamente la de los 5 metros de dominio público hidráulico de los humedales catalogados.

Así las cosas, el director general de Medio Ambiente subrayó que la superficie afectada por el cambio normativo y en lo que al uso de una munición concreta en el ejercicio cinegético se refiere es únicamente del 0,13 por ciento de territorio regional que tiene una extensión de 4.163.457 hectáreas.

Una norma "devastadora"

Por su parte, el diputado popular Juan Parejo destacó que este punto concreto de una Ley, a su vez “ambigua”, es “oscuro” y su aplicación puede llegar a ser “devastadora” teniendo en cuenta que en Extremadura 3,5 millones de hectáreas están destinadas al sector cinegético, repartidas entre cotos locales, privados y deportivos.

Aunque se mostró satisfecho por el anuncio del director general de Medio Ambiente acerca de que sólo 5.400 hectáreas se verán afectadas por este aspecto legal, el popular duda que este posicionamiento de “suavidad y de tranquilidad” sea real y, manifestó, que, posiblemente, sólo sea resultado de que “se avecinan las elecciones”; después de los comicios, y si gana el Partido Socialista, sentenció, “nos encontraremos con la tostada”.

Además, Juan Parejo pidió al Gobierno Regional que explique cuáles son las alternativas para los cazadores pues, si se prohíbe el plomo, deberán cambiar sus escopetas de caza menor y sus rifles.