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La nueva Ley de Caza de Extremadura, que
se encuentra aún en proceso de estudio, será una
normativa fruto de la “voluntad democrática” de todos
los agentes implicados y servirá para salvar los
obstáculos burocráticos que se desprenden de la todavía
vigente, inyectando vida al sector cinegético e
impulsándolo tanto desde su perspectiva económica como
recreativa y de ocio.
Así lo anunció hoy, durante
la Comisión del ramo, el director general de Medio
Ambiente, Guillermo Crespo quien, aunque prefirió no
aventurarse a poner fecha para la presentación del
anteproyecto, al ser su redacción un proceso largo en el
que se busca implicar al mayor número de colectivos, sí
explicó que desde la Administración se espera que los
estudios iniciales no se prolonguen más de un año.
Crespo comentó que la nueva Ley que regulará la caza en
esta Comunidad Autónoma responderá a los principios
fundamentales marcados por la Carta Magna, considerando
esa actividad como “algo renovable y vivo”, pero que
debe “ajustarse a principios ecológicos y de desarrollo
sostenible”.
“La sociedad avanza”, dijo, y por tanto, la normativa
vigente que data de 1990 se ha quedado “desfasada”, a
pesar de las dos modificaciones de las que ha sido
objeto. Por ese motivo, señaló, el texto más moderno se
plantea sobre la base de vencer los obstáculos de la
“excesiva burocracia” y sus consecuencias, dando
respuesta de esta forma a las “históricas
reivindicaciones” del sector cinegético.
Diálogo sobre imposición
El
diputado popular Juan Parejo, quien en nombre de su
partido instó al director general a explicar los
principios básicos del nuevo texto y a fijar la fecha de
la presentación del anteproyecto, suscribió la
declaración de intenciones lanzada por Crespo durante su
intervención.
Para el popular, la Ley de Caza es esperada en
Extremadura “como agua de mayo”, pues, explicó, el
sector, al que están vinculados unos 100 mil cazadores
extremeños, genera “ingresos importantes” y fuentes de
trabajo, especialmente en las zonas rurales.
Sin embargo, a pesar de las coincidencias entre PP y
PSOE en relación al contenido del texto, Parejo se
adelantó a pedir que, contrario a lo que sucedió con la
Ley aún vigente, está vez, la nueva sea producto del
“diálogo y no de la imposición”, implicando tanto a los
colectivos, como a las asociaciones y a la oposición;
evitando de esta manera los enfrentamientos que se
desprendieron con la aprobación de la actual.
Parejo recordó, además, que esta Ley es un “compromiso
incumplido” por el Ejecutivo de Rodríguez Ibarra, que
aunque no incluyó su formulación en el programa
electoral, sí se comprometió “verbalmente” a
desarrollarla antes de finalizar la pasada legislatura,
un asunto que a juicio del diputado del PP se quedó en
el tintero porque su borrador “generó discrepancias” y
prefirió “paralizarse para evitar líos electorales”.
“Reino de Taifas”
Así mismo, el diputado popular pidió que se “concensúe”
la legislación prevista para Extremadura con la que
normaliza la caza en otras Comunidades para evitar así
que se produzcan situaciones de desigualdad, que comparó
con un “reino de Taifas”.
Por su parte, y respecto a este punto, Crespo explicó
que cada Comunidad Autónoma “tiene su propio criterio”,
porque debe ajustar la normativa a las “distintas
realidades biológicas”. En este sentido, señaló, que las
decisiones deben tomarse en función de los
requerimientos técnicos de cada región, entre los que
destacó, por ejemplo, la climatología o la biodiversidad.
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